El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) adoptó tres decisiones que podrían influir en el reglamento del concurso para designar al nuevo fiscal General del Estado.
Este miércoles, el pleno del Cpccs acogió observaciones presentadas por gremios de abogados, entre ellas, la inclusión de representantes de la academia dentro del proceso de selección.
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La propuesta del gremio de abogados
Una de las principales propuestas del Colegio de Abogados de Pichincha es garantizar una veeduría independiente, integrada por miembros de universidades, instituciones de educación superior y del gremio legal, con el fin de asegurar imparcialidad en las decisiones que se tomen al interior del Consejo.
En ese marco, el Cpccs resolvió implementar mesas de trabajo permanentes con todas las universidades del país durante el concurso. Además, aprobó la incorporación de una veeduría técnica al proceso y pidió a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana que elabore un informe de factibilidad para permitir la participación de nuevos ciudadanos en el concurso público.
Un proceso con retrasos
El concurso para fiscal General ha enfrentado varios retrasos. Hasta el momento, solo se ha aprobado el reglamento y se ha calificado a los veedores, lo que ha provocado la prórroga de funciones de la exfiscal Diana Salazar (ahora embajadora de Ecuador en Argentina) y del actual fiscal encargado, Wilson Toainga.
El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, señaló que el objetivo es avanzar en el proceso de selección en un plazo estimado de seis meses. Esta entidad ha atravesado una crisis institucional marcada por la destitución de tres de sus integrantes pertenecientes a la llamada Liga Azul, quienes actualmente enfrentan investigaciones penales.
El CPCCS dio luz verde a una resolución presentada por el gremio de abogados que contempla ajustes al reglamento del proceso para elegir al nuevo Fiscal General. Entre los posibles cambios se analiza la inclusión de veedurías ciudadanas para garantizar mayor transparencia en la selección.
Fuente: el telégrafo
