El viceministro de Educación, Gustavo Ayala, explicó que la cartera de Estado mantiene activas cuatro mesas intersectoriales para atender diversos tipos de violencia, y cuenta con matrices oficiales para monitorear riesgos psicosociales y casos de violencia sexual. Además, detalló que se han construido ocho protocolos de actuación frente a situaciones violentas y están en desarrollo cuatro más.
“Trabajamos con 3.600 instituciones educativas en programas de prevención, apoyados por los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Tenemos un sistema de respuesta rápida y la violencia no está en la escuela. La educación no debe ser vista como el problema, sino como parte de la solución”, sostuvo Ayala. Agregó que declarar en emergencia a la educación podría derivar en un regreso a la modalidad a distancia, lo que —según dijo— incrementaría la deserción escolar. “Ya hemos logrado reinsertar a 56.000 estudiantes al sistema con acompañamiento”, destacó.
Por su parte, Paola Escobar, subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, presentó los avances del programa “Comunidades Educativas Seguras”, que se ejecuta desde el 6 de mayo de 2024 en unidades educativas con alto nivel de riesgo. “Nada es improvisado. Tenemos un plan coordinado, articulado con otras instituciones del Estado y con apoyo de organismos internacionales”, subrayó.
Escobar recalcó que el enfoque del plan es preventivo y que busca fortalecer entornos escolares seguros mediante trabajo conjunto entre autoridades educativas, fuerzas del orden y la comunidad.
Sin embargo, la Unión Nacional de Educadores reiteró su pedido de declarar en emergencia al sector educativo. Gabriela Menéndez, presidenta de UNE Guayas, advirtió que 205.289 estudiantes han desertado del sistema entre 2018 y 2025, por causas como pobreza, inseguridad y el reclutamiento por parte de grupos delictivos organizados. Andrés Quishpe, presidente nacional de la UNE, señaló que han registrado 119 casos de extorsión a docentes, quienes también han sido víctimas de secuestro, terrorismo e intimidación.
“No queremos cerrar escuelas, queremos condiciones dignas para educar. Exigimos que se aplique el artículo 117 de la LOEI, que permite a los docentes trabajar seis horas presenciales y dos en casa, sobre todo en zonas peligrosas”, dijo Quishpe.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, pidió a la UNE entregar formalmente las denuncias al Ministerio de Educación para que sean procesadas de manera institucional. El legislador Mario Zambrano agregó que el país enfrenta un conflicto armado interno, pero “no hay un ataque sistemático al sistema educativo”. Según afirmó, “la solución no es declarar una emergencia, sino reforzar protocolos y políticas públicas contra el crimen”.
La Comisión continuará el análisis del tema y evaluará medidas adicionales para garantizar la seguridad en el entorno educativo sin afectar la permanencia de los estudiantes en el sistema.
El Gobierno Nacional descartó la posibilidad de declarar en emergencia al sistema educativo, como propuso la Unión Nacional de Educadores (UNE), ante denuncias de amenazas, extorsión y violencia contra docentes en distintas zonas del país. Durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior defendieron las acciones implementadas para garantizar la seguridad en los planteles.
Fuente: el telégrafo
