La entidad señaló al exlegislador del Partido Social Cristiano de ser el posible cabecilla de una estructura delictiva que operaba dentro de la Corte Provincial del Guayas para manipular decisiones judiciales y obtener beneficios personales.
Pablo M. es acusado como autor directo, junto a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola G. y el exjuez de la Sala Penal del Guayas, Johan M., quien ya había sido condenado previamente a nueve años y cuatro meses de prisión en el Caso Metástasis.
La Fiscalía indicó que Pablo M. habría obtenido beneficios en su patrimonio mediante el abuso de decisiones judiciales y habría participado en la presunta manipulación de procesos como «Banco del Pacífico», «Tierras», «Cuerpo de Ingenieros del Ejército» y en supuestas acciones en favor de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Por su parte, la exjueza Fabiola G. habría colaborado con Pablo M. para presuntamente llegar a la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, con la ayuda de la relacionista pública Mayra Salazar. Esta última fue testigo de la Fiscalía en el caso y fue condenada previamente por delincuencia organizada en el Caso Metástasis.
El juez Johan M. habría manipulado un proceso judicial para que el Banco del Pacífico le pague USD 3,9 millones a Pablo M. y su esposa, mediante el uso de presuntos documentos falsos.
Para los cómplices, Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Saúl M., Guillermo V., Juan R. y Andrea P., la Fiscalía solicitó una condena de nueve años y cuatro meses de privación de libertad. Para Alberto L. y Ruth S., por su cooperación eficaz, se pidió una sentencia de un año y cuatro meses.
El fiscal subrogante Wilson Toainga concluyó sus alegatos en la Corte Nacional de Justicia en Quito por el Caso Purga y solicitó una condena de 13 años y cuatro meses de prisión contra el exasambleísta Pablo M., por el presunto delito de delincuencia organizada.
Fuente: el telégrafo
