La Cancillería aclaró que estos procedimientos se realizan de forma individual, cumpliendo con las normas migratorias vigentes y con la coordinación judicial y policial adecuada, descartando cualquier versión sobre una deportación colectiva. Además, señaló que ha informado oficialmente al Consulado de Colombia en Quito sobre el avance de los casos, utilizando el canal diplomático correspondiente desde el pasado 8 de julio.

Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha desempeñado un papel crucial en la aplicación de las resoluciones emitidas por la Subsecretaría de Migración. A través de la gestión de audiencias individuales y la coordinación con jueces competentes, se ha garantizado que cada caso cuente con boletas de excarcelación debidamente autorizadas, en cumplimiento de la ley.
En respuesta a inquietudes diplomáticas, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, reafirmó su compromiso con el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos en el proceso de deportación de ciudadanos colombianos privados de libertad.
Fuente: el telégrafo